Las reformas laborales europeas responden a los intereses de los empresarios

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Cuando el Estado pasa de protector a explotador de sus hijos

El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, reconoció en una entrevista que las reformas laborales que se plantean en Europa se acercan a planteamientos como los que defienden los empresarios del país, aunque niega que el nuevo decreto ley que regula el mercado de trabajo en España se haya escorado hacia estos postulados.


Sin embargo, el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, desconfía de la “buena fe” que pudo tener el Gobierno para negociar con los agentes sociales y critica que se haya dejado llevar “a última hora” por los “lobbies” conservadores para materializar la reforma.

En declaraciones a El Mundo, Toxo asegura que el comportamiento del Gobierno “no ha sido muy edificante”, al recibir en Moncloa al denominado grupo de los 100 economistas, “a modo de grandes asesores áulicos”.

Al mismo tiempo, el ministro Corbacho desmiente en El País que el Gobierno esté más cerca de las propuestas de la patronal, aunque reconoce que en Europa hay una corriente de pensamiento “que va por ahí” y no se puede ignorar porque “es una realidad de la que formamos parte”.

“El Gobierno ha puesto toda la voluntad en conseguir un acuerdo en el diálogo social. Pero no depende sólo de la voluntad del Gobierno, también de las otras partes”, señala, tras insistir en que prefirió retrasar tres meses la aprobación del real decreto para “agotar las posibilidades del diálogo social”.

Corbacho también niega que la reforma laboral aprobada suponga abaratar el despido e insiste en que el despido objetivo (con indemnización de 20 días) por causas económicas cuando una empresa presenta un resultado negativo, “lo debe determinar el juez”.

Explica que el juez debe comprobar si es cierto y razonable que la empresa necesita ajustar plantilla para garantizar su viabilidad.

Por su parte, Toxo reitera sus críticas hacia una reforma que, según alerta, contiene medidas que en algunos casos no podrán aplicarse.

Al respecto, advierte de que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) “no tiene recursos suficientes” para pagar los nuevos despidos, “y el ministro lo sabe”, dice, tras añadir que este Fondo posee un remanente que no puede utilizarse porque se transformaría en déficit.

De la misma forma, el secretario general de CCOO también asegura que el nuevo fondo de capitalización tampoco se podría poner en marcha “si no hay aumento en las cuotas empresariales”, con una “cotización extra”.

“A no ser que esté pensando que los impuestos de todos los ciudadanos paguen los despidos a las empresas”, asevera Toxo.

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