Occidente se niega a ser juzgado por sus propios tribunales

EEUU advierte de que permitir que el TPI juzgue agresiones cometidas por Estados podría perjudicar al tribunal

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En casa del herrero cuchillo de palo

Estados Unidos advirtió este miércoles de que permitir que el Tribunal Penal Internacional (TPI) lleve a cabo procesos judiciales por agresiones cometidas por Estados podría perjudicar al propio TPI, un tribunal al que el Gobierno de George W. Bush retiró su apoyo en 2002 por la posibilidad de que su Ejército tuviese que hacer frente a juicios motivados por cuestiones políticas a raíz de su participación en guerras impopulares.

En la conferencia que se está celebrando en Kampala, la capital de Uganda, para revisar el estatuto fundador del TPI, las distintas delegaciones están tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo definir una agresión estatal y cómo se puede iniciar una investigación sobre este tipo de actos, uno de los cuatro crímenes sobre los que tiene jurisdicción.

Esta cuestión ha dividido a los delegados y las ONG que participan en la conferencia porque algunos temen que si se concede al TPI la capacidad de llevar a cabo juicios por agresiones cometidas por Estados –que en general se definen como el uso de la fuerza que supone un incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas–, esto podría abrir la puerta a críticas contra el TPI que le acusen de ser parcial. Además, ésta puede ser una cuestión demasiado polémica para que se pueda alcanzar un acuerdo en el encuentro de Kampala.

El embajador en misión especial de Estados Unidos para crímenes de guerra, Stephen Rapp, advirtió anoche de la incertidumbre legal que puede generar la investigación de agresiones cometidas por Estados y consideró que insistir en este asunto pese a la falta de un “verdadero consenso” podría perjudicar al TPI.

“¿Qué efecto puede tener la definición propuesta, si se aprueba, en el uso de la fuerza cuando sirve para acabar precisamente con los crímenes que el TPI está encargado de juzgar?”, se preguntó Rapp.

Los delegados reunidos en Kampala han elogiado la labor del Tribunal Penal Internacional y han pedido a los distintos países que colaboren plenamente con él, pero las propuestas sobre cómo se puede iniciar una investigación sobre agresiones cometidas por Estados han estado circulando en medio de acalorados debates.

Lo que está en juego en la ampliación del mandato del TPI es su efecto en el uso de la fuerza, como el de la OTAN cuando bombardeó Kosovo en la década de los años 90, el de Tanzania cuando invadió Uganda para derrocar a Idi Amin o, más recientemente, el de Colombia cuando llevó a cabo operaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador.

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU consideran que el TPI debería investigar las agresiones cometidas por Estados sólo si el Consejo emite una resolución al respecto, pero organizaciones como Human Rights Watch creen que esto reduciría la independencia del tribunal.

Rapp también señaló que algunos aspectos fundamentales de la definición de ese tipo de crímenes todavía no están claros e insistió en que se debe dejar totalmente claro qué acciones son ilegales. Reino Unido apoyó a Estados Unidos y dijo que cualquier acuerdo que se apruebe en la conferencia sobre los actos de agresión debe ser unánime. Los delegados holandeses, por su parte, no descartan la posibilidad de lograr un consenso.

ACTORES EXTERNOS

Richard Howitt, jefe de la delegación del Parlamento Europeo ante el TPI, declaró a los medios de comunicación que la Eurocámara se opone a la utilización de un “filtro externo” y que las decisiones relativas a las investigaciones del tribunal sobre agresiones cometidas por Estados debería tomarlas el propio TPI.

Sin precisar qué organismo debe ser el que ordene el inicio de las investigaciones, Ben Kioko, asesor legal de la Unión Africana, abogó por que se lleven a cabo a partir de una resolución de una autoridad externa que asegure que se ha cometido un acto de agresión. Kioko recordó que las divisiones respecto al tema de las agresiones cometidas por Estados han obstaculizado los avances en el ámbito de la justicia internacional durante gran parte del siglo XX.

Bill Pace, coordinador de una coalición de ONG que respaldan el trabajo del TPI, indicó que “la expectativa de que todas esas diferencias se van a solucionar en diez días es muy optimista, pero nadie se esperaba lo que ocurrió hace doce años en Roma”, cuando se firmó el Estatuto de Roma, que fundó el TPI.

EP Social

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